Dos proyectos comenzaron a debatirse esta semana en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados con un objetivo concreto: habilitar la producción agrícola en tierras públicas adyacentes a las rutas nacionales y sumar potencialmente unas 50.000 hectáreas a la siembra. Las iniciativas fueron presentadas por Javier Sánchez Wrba, del PRO, y Agustina Propato, de Unión por la Patria, y plantean otorgar permisos temporarios y onerosos. La discusión importa para el agro porque permitiría incorporar superficie hoy improductiva sin modificar, según las propuestas, las condiciones de seguridad y funcionamiento de la red vial.
Los proyectos no contemplan avanzar sobre las banquinas ni sobre las áreas destinadas a la seguridad vial. La producción quedaría limitada a franjas específicamente autorizadas, bajo regulación y mediante el pago de un canon. Según explicó la Fundación Barbechando, durante años existió un régimen que permitía otorgar permisos para sembrar, cultivar y cosechar en estos espacios, hasta que una resolución dictada en 2008 terminó con esa posibilidad. Las nuevas iniciativas buscan recuperar aquel aprovechamiento productivo, aunque estableciendo condiciones para preservar la circulación y garantizar el mantenimiento de las rutas.
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La estimación incluida en los proyectos parte de considerar alrededor de dos hectáreas aprovechables adicionales por cada kilómetro lineal en las principales regiones productivas. Sobre una Red Vial Nacional cercana a los 40.000 kilómetros, el cálculo arroja un universo potencial de unas 50.000 hectáreas que podrían incorporarse a cultivos anuales. El antecedente más importante está en Buenos Aires, donde una ley provincial de 1985 permite a los municipios entregar permisos precarios para utilizar franjas adyacentes a rutas y caminos provinciales. También existen experiencias concretas en municipios como 9 de Julio.
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Las diferencias entre ambos proyectos aparecen principalmente en la administración del esquema. La iniciativa de Sánchez Wrba propone dar prioridad a los productores frentistas, quienes podrían acceder a las tierras mediante el pago de un canon. También plantea que el dinero recaudado sea destinado al mantenimiento de la Red Vial Nacional. El proyecto de Propato, en cambio, establece que los recursos obtenidos tengan fines sociales y cooperativos. De esta manera, aunque PRO y Unión por la Patria coinciden en habilitar el uso productivo, plantean destinos diferentes para los fondos generados.
Desde la Fundación Barbechando respaldaron la discusión y remarcaron que la posibilidad de producir dependerá de una delimitación precisa de las superficies y de controles que garanticen la seguridad vial. Ese será uno de los puntos centrales durante el tratamiento legislativo, ya que cualquier ampliación agrícola deberá convivir con las necesidades de mantenimiento y visibilidad de las rutas. Si el Congreso avanza con alguna de las propuestas, el agro podría sumar unas 50.000 hectáreas actualmente públicas a la producción, bajo un esquema que buscará transformar tierras sin uso en actividad económica sin comprometer la función principal de la infraestructura vial.