Un fallo judicial volvió a situar a Texas en el centro del debate migratorio en Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito autorizó al estado a aplicar una ley que faculta a policías estatales y locales para arrestar a personas que crucen ilegalmente la frontera con México, atribución que hasta ahora correspondía únicamente al gobierno federal.
La decisión, adoptada por una votación de 10 contra 7, revierte una orden judicial vigente desde 2024 que prohibía la aplicación de esta norma. El tribunal determinó que los demandantes carecían de legitimidad para impugnar la ley conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4).
Aprobada en 2023 por la Legislatura de Texas, la norma otorga a las fuerzas de seguridad estatales y locales la facultad de detener a migrantes por ingreso ilegal y permite a jueces locales ordenar su expulsión del territorio estatal. Con esta medida, Texas asume funciones similares a las de la Patrulla Fronteriza dentro de su jurisdicción, informó The New York Times.
El fallo no entrará en vigor de inmediato, sino a partir del 15 de mayo, lo que deja un margen para que los demandantes presenten nuevas apelaciones. Organizaciones de derechos civiles, grupos de defensa de inmigrantes y autoridades del condado de El Paso ya anticiparon que recurrirán la decisión.
Desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, una de las partes clave en la demanda, señalaron que el conflicto judicial continuará. “Esta lucha está lejos de haber terminado”, afirmó Cody Wofsy, representante del organismo.
El caso acumula varios capítulos. En 2024, la Corte Suprema permitió temporalmente la entrada en vigor de la ley, pero luego devolvió el expediente al Quinto Circuito, que decidió bloquearla nuevamente. En 2025, un panel de tres jueces mantuvo esa suspensión. El nuevo fallo del pleno del tribunal revierte esa postura y restablece la norma.
No obstante, la resolución evitó pronunciarse sobre el punto fundamental del debate: si la ley estatal invade competencias exclusivas del gobierno federal en materia migratoria. Esta cuestión mantiene abierta la posibilidad de que el caso regrese al máximo tribunal del país.
El trasfondo político también incide en la disputa. La ley fue impulsada en un contexto de aumento de cruces fronterizos y ha generado tensiones entre la administración federal y Texas. Mientras el gobierno de Joe Biden cuestionó la medida en tribunales, la gestión de Donald Trump retiró su participación en el litigio, lo que modificó el curso del mismo.
Las críticas a la norma apuntan a sus posibles efectos, con organizaciones civiles que alertan sobre riesgos de discriminación racial y detenciones lejos de la frontera. Además, cuestionan la facultad de autoridades locales para ordenar expulsiones, lo que podría generar conflictos con el gobierno federal y con México, que ya advirtió que no aceptará deportaciones ejecutadas por autoridades estatales.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el fallo, calificándolo como una victoria para la seguridad pública, según The New York Times. En contraste, líderes de organizaciones sociales advirtieron que la medida genera temor entre las familias inmigrantes residentes en el estado.
El alcance de esta decisión podría trascender a Texas. Expertos legales consideran que el caso podría sentar precedentes sobre el papel de los estados en la política migratoria estadounidense.